Prensa (Correo del Orinoco/ 07.01.18).- Para el constituyente Hermann Escarrá las dos últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) relacionadas con la Asamblea Nacional (AN) fueron muy claras: "Mientras esté fuera de la Constitución y en desacato ninguno de sus actos tiene validez. Son nulos e inexistentes".

La declaración formó parte de su disertación en el Foro Defensa Constitucional de la Soberanía Popular, celebrado en el Teatro Teresa Carreño, donde advirtió que la norma 231 de la Constitución establece que el 10 de enero el presidente electo mediante el sufragio universal, directo y secreto debería asumir la investidura ante la Asamblea Nacional (AN), no obstante, precisa el abogado constitucionalista, como esta instancia fue declarada en desacato por el TSJ, el cual, en 2016, sentenció que todos sus actos eran nulos, la toma de posesión de Nicolás Maduro debe realizarse ante el máximo tribunal de la República.

Sentencia

El 7 de enero de 2016 la Sala Electoral del TSJ recibió una solicitud presentada por la abogada Ligia Carolina Gorriño Castellar, quien actuaba como apoderada judicial de la ciudadana Nicia Marina Maldonado, quien solicitó que sea acatado "el fallo dictado por la Sala Electoral número 260 de fecha 30 de diciembre de 2015 y se inicie el procedimiento correspondiente, atendiendo al derecho de tutela judicial efectiva, preceptuado en el artículo 26 de la Constitución (...), así como también se pronuncie en forma inmediata sobre la inconstitucionalidad de la juramentación írrita efectuada en el hemiciclo legislativo el día 6 de enero de 2016".

Al respecto, la Sala Electoral ratificó el contenido de la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015, a los fines de su inmediato cumplimiento. Igualmente, declaró procedente el desacato propuesto en dicha sentencia y determinó "nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo".

Maduro: un Presidente legítimo

En opinión de Escarrá, "el Presidente de la República es presidente porque el pueblo así lo decidió y en democracia la legitimidad originaria reside en el pueblo". Recordó que la elección del 20 de mayo de 2017 le dio plena legitimidad al presidente Maduro por cuanto fue un proceso comicial totalmente democrático, en el que se expresó en forma transparente la voluntad popular de venezolanos y venezolanas.

El abogado constitucionalista reclamó las pretensiones de los gobiernos de algunos países latinoamericanos a los que llamó "Grupo de Perú", los cuales este viernes difundieron un documento en el que piden un golpe de Estado en Venezuela para evitar que el 10 de enero se realice la toma de posesión para el nuevo período presidencial 2019-2025. "Y eso no va a ocurrir, (...) muchísimos países van a venir, recuérdenlo", sentenció Escarrá.

Negativa

El viernes 4 de enero pasado, en una reunión de cancilleres realizada en la capital peruana, el Grupo de Lima con excepción de México– declaró que no reconocerá el nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, que debe comenzar el próximo 10 de enero.

En el documento, resultado de dicho encuentro, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, reiteraron su opinión sobre el proceso electoral realizado en Venezuela el 20 de mayo de 2018, el cual, aseguran, carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes. En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019.

De acuerdo a estos argumentos, el grupo insta al Mandatario venezolano a no asumir la Presidencia el 10 de enero de 2019 y a transferir de forma provisional el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales.

Entre otras conclusiones, subrayan la importancia del respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado de acuerdo con la Constitución venezolana para la plena vigencia del Estado de derecho en el país.

Expresan su determinación de continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales, en particular en la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para coadyuvar al supuesto restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.

Llaman a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir al presunto restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

También exhortan al Gobierno venezolano a permitir el ingreso de supuesta asistencia humanitaria a fin de prevenir "el agravamiento de la crisis humanitaria en el país".

En este sentido, acordaron reevaluar el estado de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima, elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos.

Además, evaluarán el otorgamiento de préstamos a Venezuela en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte, suspenderán la cooperación militar con el país, estudiarán los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria e intensificarán contactos con países no miembros del Grupo de Lima a fin de mantenerlos informados de sus acciones, entre otros acuerdos.

Texto/ Foto: CO