Prensa MPP- Despacho (Ingrid Carvajal Arroyo/11.02.19).- La Contraloría General de la República, anunció este lunes la decisión de iniciar el procedimiento de auditoría del diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, por presuntamente ocupar o falsear datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio y, recibir dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales, sin ningún tipo de justificación.

El contralor general de la República, Elvis Amoroso, leyó los ocho considerando que se sustentan en la Ley Orgánica de la Contraloría General, en el Sistema del Control Fiscal y en el decreto con valor, rango y fuerza de Ley Contra la Corrupción, los cuales explican la sentencia mencionada.

Amoroso explicó: "la Contraloría General de la República es un órgano integrante del Poder Ciudadano que previene, investiga, sanciona los hechos que atentan contra la ética pública y la moral administrativa, así como también vela por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público".

Además, recordó: "que uno de los objetivos del Plan de la Patria indica que es fundamental desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción, fortaleciendo las instituciones del Estado, fomentando la participación protagónica del pueblo venezolano, promoviendo la transparencia y la automatización de la gestión pública, así como los mecanismos legales de sanción penal, civil, administrativa contra las sanciones en el manejo inadecuado en los fondos públicos".

"Considerando: que la Contraloría General de la República de Venezuela establece en su artículo 289 las siguientes atribuciones a la Contraloría General de la República, entre las que se destacan las siguientes: practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar medidas e imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley", informó el también presidente del Consejo Moral Republicano.

Explicó: "el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece las competencias exclusivas y excluyentes del Contralor General de la Republica de imponer la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años a los servidores y servidoras públicas que cometan irregularidades".

El texto leído menciona: "que el decreto con valor, rango y fuerza de Ley Contra la Corrupción faculta a la Contraloría General de la República a recibir estudiar, cotejar y verificar las declaraciones juradas de patrimonio que le fuesen presentadas por los servidores y servidoras públicas, incluyendo a los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional".

De igual forma, menciona "que las Auditoría Patrimonial es el mecanismo utilizado por este máximo órgano control fiscal para comprobar la veracidad de la declaración jurada del patrimonio y comprende la evaluación de la situación patrimonial y de las actividades económicas llevadas a cabo por el sujeto sometido a verificación".

De igual forma, a través de una transmisión realizada por el canal del estado, Venezolana de Televisión, el Contralor General mencionó lo que establece la Constitución nacional en cuanto a "que los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, son a dedicación exclusiva, no pudiendo recibir ningún tipo de remuneración con ocasión de otro trabajo, público o privado, igualmente no podrán ser propietarios o propietarias, administradores o administradoras, directores o directoras de empresas que contraten con personas jurídicas, ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo".

Posteriormente señaló: "que el ciudadano Juan Antonio Guaidó Marquez, presuntamente: primero, ocupó o falseó datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio y segundo, ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales, sin ningún tipo de justificación".

Luego de los considerando, señaló un único resuelve, que dio a conocer a la opinión pública: "en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales que tiene el Contralor General de la República se ordena el inicio del procedimiento de auditoría patrimonial del ciudadano Juan Guaidó".

Foto: CGR