Prensa MPP- Despacho (Reina Ruiz Primera/ 27.6.19).- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) reformar la ley de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, a fin de incluir la investigación de los hechos violentos ejecutados por la ultraderecha venezolana entre los meses de enero y febrero de este año.

La información la suministró el titular del Ministerio Público, durante un balance presentado por dicha Comisión, creada el 16 de agosto de 2017, por la plenipotenciaria ANC, en aras de estabilizar la democracia venezolana y mostrar acciones claras en pro de los Derechos Humanos.

Como parte de las declaraciones ofrecidas, en rueda de prensa, desde la sede del Ministerio Público, ubicado en el centro de Caracas, capital del país, el fiscal general expresó "Hemos querido periodizar también la violencia ocurrida este año y los intentos de golpe de Estado del pasado 30 de abril y el que se acaba de develar en junio".

Por otra parte, afirmó que el Ministerio Público abrió un proceso de investigación penal contra civiles y militares en retiro implicados en planes golpistas contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que tenían previsto ejecutar los días 23 y 24 de junio.

"Como titular de la acción penal y en respuesta a los hechos develados este miércoles, por el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y en función de las investigaciones en curso desde enero, sobre irregularidades de grupos subversivos, liderados por el usurpador, Juan Guaidó, hemos iniciado un nuevo código de investigación que se suma a los que venimos adelantando".

El fiscal acotó "este es un nuevo acto terrorista que se suma al intento de magnicidio frustrado del pasado mes de agosto de 2018, y del fallido golpe de Estado del pasado 30 de abril. En esta oportunidad tenían previsto atentar contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y la primera combatiente de la República, Cilia Flores, entre otras personalidades".

Entre los implicados en el caso señaló a los ciudadanos: Eduardo José Báez, Ángel Ortiz, Antonio Rivero, Ramón Antonio Losada, Manuel Christopher, Raúl Isaías Baduel, Carlos David Guillén, Miguel Castillo Cedeño, Rafael Huizi Clavier,, Pedro Caraballo, Rafael Acosta Arévalo, Cliver Alcalá, Josenars Baduel, y José Gregorio Valladares.

"Estamos precalificando los delitos de estas personas como conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Hemos designado al fiscal 38 nacional con competencia plena, para investigar el lamentable hecho", acotó el fiscal general.

El titular del Ministerio Público, agregó "Sin embargo hay una contraparte a esta sangrienta acción criminal de este grupo obsesionado por bañar de sangre al país, sin horizonte, capaz de sembrar caos y zozobra; y es la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, con quienes hemos venido trabajando conjuntamente, y con apoyo de otras organizaciones civiles".

"Esta comisión que fundó el ciudadano presidente de la República en su momento para buscar la convivencia nacional, ha logrado beneficiar a 193 personas que en un momento estaban privadas de libertad, y que se les otorgaron medidas sustitutivas propuestas por la comisión en varias etapas, una en diciembre del año 2017, antes de las navidades, y otras dos en junio y octubre del 2018", explicó.

Agregó el fiscal general "Hemos logrado como comisión, la medida de atención a las víctimas, como por ejemplo, se han otorgado medidas de atención integral a un total de 107 persona, familiares directos de un primer grupo de 50 personas fallecidas, en el marco de la violencia política durante el año 2017, abril, mayo, junio y julio, con la actuación lamentable de agentes del Estado que cometieron acciones individuales en relación a los Derechos Humanos".

Detalló que las medidas a estas personas de favorecerlas en sus derechos, a los familiares de estas víctimas incluyen asignaciones dinerarias para jefe o jefa de hogar, para niños, niñas y adolescentes en edad escolar, acompañamiento jurídico y atención psicológica, psiquiátrica y de salud, atención social, de vivienda, beca educativas, entre otras.

Foto: Johnny Pérez