Prensa MPP- Despacho (Ingrid Carvajal Arroyo/ 15.04.20).- El canciller de la República, Jorge Arreaza, dio a conocer el documento del experto independiente sobre Deuda Externa y DDHH de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, con fecha de este miércoles, quien se una a la voces autorizadas que demandan suspender con urgencia las sanciones para permitir el acceso a suministros médicos y evitar una mayor propagación del COVID-19.

El titular del ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, escribió en su cuenta en Twitter @jaareaza: "Experto independiente sobre Deuda Externa y DDHH de ONU se une a las voces autorizadas que demandan suspender "urgentemente" las sanciones para permitir el acceso a suministros médicos y evitar una mayor propagación de la pandemia COVID-19. #LasSancionesSonUnCrimen".

El documento en cuestión consta de 25 páginas y se titula: "COVID-19: Llamamiento urgente para una respuesta a la recesión económica desde los derechos humanos", y en cuatro capítulos destaca "las formas de afrontar el shock económico de la crisis ocasionada por el COVID-19 y las fallas estructurales del sistema económico y financiero que deben abordarse para evitar la recurrencia de una situación catastrófica y convertirse en herramientas para transformación y materialización efectiva de todos los derechos humanos", según precisa la Introducción del texto elaborado por el experto independiente de la ONU sobre consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo de los derechos económico, sociales y culturales, J.P. Bohoslavsky.

En el aparte sobre las "Sanciones y derechos humanos" incluido en el capítulo ¿Qué se necesita hacer ahora?, precisa: "Las sanciones económicas y financieras no deben obstaculizar la obligación de los Estados de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos y los esfuerzos mundiales para combatir la pandemia. En este sentido, se debe considerar urgentemente un levantamiento temporal como una forma de garantizar tanto la ayuda humanitaria y evitar una mayor propagación de la pandemia como la lucha contra la misma".

Así mismo expresa que se debe permitir que sobrevivan los sistemas de salud y lleguen los suministros esenciales a la población, ya sean medicamentos o alimentos. "Además, debe tenerse en cuenta que tales medidas son de interés para los esfuerzos mundiales que se están haciendo para contener la crisis sanitaria real; el mismo enfoque debería prevalecer en las políticas económicas internacionales".

En ese sentido, subraya: "Anteriormente he expresado mi preocupación por la reciente respuesta negativa del FMI frete a la solicitud de apoyo financiero de Venezuela para hacer frente a la crisis del COVID-19. El argumento del FMI de la falta de "claridad" sobre el reconocimiento internacional del gobierno de Venezuela no puede ser la base de una decisión que ponga en grave peligro a toda la población venezolana y, en buena medida, al mundo entero".

De igual forma afirma: "Estas decisiones pueden constituir una grave violación de los derechos humanos y requerirán la rendición de cuentas de la institución y los responsables de sus decisiones".

Respuestas post pandemia

Bohoslavsky concluye: "sostener que hay que priorizar la economía ante todo no es consistente con el derecho internacional de los derechos humanos", y refiere las posibilidades que los países del mundo tienen para responder a la crisis sin precedentes que se avecina post pandemia de coronavirus.

La versión original del documento en inglés, fue traducido al español por la Fundación Friedrich Ebert- Argentina, y en él se presentan "una serie de medidas que abarcan una amplia gama de políticas económicas, financieras, monetarias, fiscales, tributarias, comerciales y sociales para contribuir al logro de estos objetivos".

Las Naciones Unidas distribuyó el documento entres seis Estados miembro y organismo de crédito internacional, según apunta el diario Página 12, quien tomó declaraciones al integrante del equipo de "relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo vinculados a la oficina que dirige Michelle Bachelet, elegidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y que tiene a su cargo los análisis que vinculan finanzas y derechos humanos en todo el mundo".

El contenido del documento, se divide de la siguiente forma: en primer lugar refiere "El impacto de la recesión económica inducida por el coronavirus. Posibles enfoques", que deriva en: Aprendiendo de la última crisis económica: la austeridad no puede ser una opción; La recesión económica impacta en los derechos humanos, y más en los de las mujeres y, ¿Economía versus derechos humanos? Falso dilema.

El segundo aparte, menciona: "¡Qué se necesita hacer ahora?", e incluye: "Respuesta inmediata frente a la emergencia de derechos humanos y humanitaria para "los que quedan rezagados"; Ingreso básico de emergencia, vivienda y servicios esenciales; Las políticas y los derechos económicos deben ser conscientes con la salud pública y los derechos humanos; Deuda privada, deuda soberana y especulación financiera; Políticas fiscales para financiar la justicia social; Establecimiento de muna cobertura de salud universal; Hacer realidad el derecho a la protección social para todos; Debida justificación de medidas, rendición de cuentas y participación; Sanciones y derechos humanos.

El tercer y cuarto, capítulo se refieren a Recursos y cambio transformador, y Una oportunidad para un verdadero cambio verde global, respectivamente.

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