Prensa MPP- Despacho (Cindy Díaz/14.05.2020).- "Es algo que sino fuera tan grave y dramático, sería cómico", así lo calificó este jueves la Primera Combatiente de la República, y abogada, Cilia Flores al referirse al contrato criminal firmado por representantes de la oposición venezolana y la empresa de mercenarios Silvercorp, donde se acordaba el magnicidio del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros objetivos militares y civiles, frustrado el pasado tres de mayo.

Durante el programa especial Mesa de Discusión, transmitido por Venezolana de Televisión, dedicado al análisis de los elementos contentivos del acuerdo terrorista, develado recientemente tras la fallida incursión criminal y mercenaria en las costas venezolanas, Flores enfatizó: "Ya no es oposición, son delincuentes, están agrediendo a la Patria, trataron de llenar de sangre y de muerte a Venezuela".

Asimismo, reiteró que firmaron abiertamente un tratado donde se permitía a "los asesores y proveedores de servicios, es decir, los mercenarios o sicarios, asesoraran y asistirán al grupo asociado en la planificación y ejecución de una operación para capturar, detener y eliminar a Nicolás Maduro, a todo el equipo y a cualquier ciudadano", además, se apoderarían de "las propiedades civiles y del Estado".

"Avalados por el contrato podían usar la fuerza letal, disparar para eliminar la amenaza, tal como uno de los artículos lo dice", afirmó desde la Sala de Prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en Caracas.

En tal sentido, la jurista Cilia Flores, recalcó que el documento avalaba la eliminación de todas las personas cercanas al gobierno nacional, al interpretar que otro de los objetivos del plan terrorista era "acabar con el chavismo y todo lo que se acerque al chavismo, iba a ser objeto de agresión porque iban a ser personas hostiles, con el uso de la fuerza mortal".

"Lo que podemos ver que esto era la entrega de nuestra soberanía y autodeterminación, para entregar a Venezuela como una colonia de Estados Unidos, estableciendo el daño colateral que ya estaba presupuestado", acotó.

En tanto, señaló que ante los delitos planificados y ejecutados "ya lo que le corresponde a los tribunales y a la fiscalía garantizar que haya justicia, y todos los venezolanos y extranjeros participantes cumplan las condenas de conformidad a nuestras leyes".

Silvercorp, aseguraba su impunidad mercenaria

Por su parte, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, especialista en derecho constitucional, explicó que la empresa Silvercorp lo primero que hizo fue asegurar su impunidad ante la actuación de los mercenarios captados para la tarea criminal, al establecer como jurisdicción del "adefesio jurídico", al estado de La Florida de los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los 29 estados imperialistas que establece la pena de muerte.

"Pretendían instaurar en Venezuela una guerra mercenaria, a todo el país, no solamente a los objetivos que fueron seleccionados en este documento, que pretendía la instauración de una guerra tercerizada en Venezuela con claras conexiones con el gobierno de Estados Unidos", precisó en cuanto a las consideraciones jurídicas y políticas del acuerdo rubricado entre Guaidó y Silvercorp.

Del mismo modo, dio a conocer que el convenio firmado el 16 de octubre de 2019, violenta todo lo relacionado al derecho internacional, especialmente el contenido de la Carta de las Naciones Unidas que niega el uso de la fuerza y la coacción sobre los Estados soberanos.

"Este adefesio jurídico sin duda configura un acto de agresión contra el Estado constitucional de Venezuela, nos corresponde ahora como Estado defendernos en las instancias internacionales, ante la Corte Penal de Justicia, ante el Consejo de Seguridad e iniciar un proceso de acciones diplomáticas y judiciales a nivel internacional en contra de los autores de esta agresión pretendida contra nuestro país", puntualizó la Vicepresidenta Ejecutiva, basándose en los artículos 1 y 2 de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, aprobada en 1989 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Foto: Prensa Presidencial