Prensa MPP- Despacho (Cindy Díaz/ 15.06.2020).- El Ministerio Público libró este lunes la orden de aprehensión de José Tomás Pinto Marrero, José Fidel Blanco, Jesús Enrique Sánchez Roquett y Jesús Manuel Ibarra Ibarra, por su vinculación en la muerte del adolescente George Soto Berroterán (16 años), en el estado La Guaira.

En este sentido, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, señaló que los cuatros ciudadanos serán imputados por la presunta comisión de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, privación legítima de libertad y agavillamiento.

Desde la sede del Ministerio Público, en Caracas, Saab detalló que la madre del joven lo reportó como desaparecido el pasado 1 de junio, una vez desplegadas las investigaciones, el 12 de junio el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, halló una fosa donde fue encontrada la osamenta junto a un bolso con las "pertenencias y documentos personales del adolescente".

Los estudios forenses determinaron que "la osamenta es humana, perteneciente a un adolescente y el cráneo presenta un orificio producto del paso de un proyectil disparado por un arma de fuego", puntualizó.

Las investigaciones revelaron que el adolescente laboraba como pescador en la finca "La Tupareña", propiedad de Pinto, quien fue visto el pasado 23 de mayo cuando se dirigía a la propiedad.

La información fue proporcionada por Juan Pablo Romero, pescador víctima de agresiones por parte de Pinto y sus escoltas por el supuesto hurto de mercancía y dinero. “José Pinto dio instrucciones a sus escoltas para que lo agredieran hasta que este admitiera haberse apropiado de mercancía y dinero producto de la faena pesquera. Los escoltas sometieron y golpearon a Juan Romero con sus armas, y exigieron al resto de los pescadores que también lo golpearan, entre ellos al adolescente George Soto Berroterán, quien se negó a hacerlo, lo que motivó que fuera objeto de golpes por parte de estos ciudadanos, quienes lo señalaron de ser cómplice en el hurto”, apuntó el Fiscal General.

Durante la agresión Romero logró escapar y refugiarse en la montaña, donde logró no ser localizado por sus victimarios.


Desproporcionada acción del FAES en El Limón

Por otra parte, el titular de la acción penal informó sobre el caso de ajusticiamiento de cinco ciudadanos perpetrado en el barrio El Limón de la carretera vieja Caracas-La Guaira, por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

"El citado día en horas de la madrugada, Wilmer Yánez, Andry González, Pedro Salcedo, Arquímedes Fuenmayor y Roger Narváez se encontraban en sus residencias cuando comisiones del FAES irrumpieron violentamente en sus viviendas, los sacaron a la calle y llevaron a un sector boscoso de la barriada donde habrían sido ejecutados, siendo este acto observado por los vecinos de la comunidad", explicó el Fiscal Saab a los medios de comunicación.

En consonancia, solicitó ordenes de aprehensión en contra de Sandy Bracho, Juan Rondón, Kleiny Lemus y Antony Castellar; quienes ya fueron presentados por la presunta comisión de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, según la información recabada por los fiscales 49º Nacional con competencia plena y 81º del Área Metropolitana de Caracas con competencia en materia de Protección de Derechos Humanos.

La investigación desarrollada en el sitio de los hechos, los fiscales revelaron inconsistencias en las actas policiales, en las cuales se informaba sobre un presunto enfrentamiento, evidenciando un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en la acción policial, gracias a la presencia de las autoridades designadas en todo el protocolo de autopsia, inspecciones técnicas del suceso y las de los cadáveres, el levantamiento planimétrico, trayectoria balística y entrevistas a los testigos.

En este contexto, el Fiscal General manifestó la necesidad de fortalecer la formación de los aspirantes a policías y la de los efectivos activos. "El Ministerio Público pone la Escuela Nacional de Fiscales a disposición del Ejecutivo Nacional, como herramienta para la formación de funcionarios policiales en la cultura de la defensa y protección de los derechos humanos".

Balance de la acción ejecutada por el MP

Del mismo modo, Saab resaltó que desde el 5 de agosto de 2017 fecha de su designación al cargo, "se presentaron imputaciones contra 540 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad y contra 30 particulares como presuntos violadores de derechos humanos".

Hasta la fecha han sido privados de libertad 426 funcionarios y 19 particulares; al tiempo que fueron acusados 786 funcionarios y 113 particulares, mediante la ejecución de 336 procedimientos asociados a homicidios, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privaciones ilegitimas de libertad, entre otros.

"Se han logrado sentencias condenatorias contra un total de 140 procesados. Estamos trabajando en aras de fortalecer la paz republicana y la plena vigencia de los derechos humanos, por lo que cualquier funcionario público que, de manera individual, asuma actitudes en contra de los derechos humanos será castigado con todo el peso de la ley", precisó.

Foto: MP