TSJ rechaza documento de Misión internacional al considerarlo una agresión contra Venezuela


El presidente del TSJ, Mikel Moreno destacó la labor realizada con la comisión de la Alta Comisionada de los DD.HH en Venezuela
Informe evidencia una franca manipulación y uso indebido del sistema de DD.HH

Prensa MPP-Despacho (Reina Ruiz Primera / 21.09.2020).- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, rechazó este lunes el informe sesgado presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aseguró que esto representa un nuevo mecanismo de agresión contra Venezuela promovido por los enemigos de la patria venezolana.

La afirmación la hizo durante la lectura de un comunicado desde la sede del máximo tribunal del país, donde afirmó que el mencionado documento "se apoyó en una írrita resolución que vulnera los principios del derecho internacional expresados en el respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos y la integridad territorial".

El magistrado Moreno, aseguró: "la República Bolivariana de Venezuela es un estado garante de la paz y la progresividad de los derechos humanos. Desde el punto de vista constitucional, no solo le otorga un papel preponderante sino que subordina todas las actividades del estado al respeto y las garantías de estos derechos".

Destacó, además, que resulta imprescindible resaltar que por invitación del propio jefe de Estado, presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, "una comisión encabezada por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha venido trabajando in situ y coordinación con las autoridades venezolanas".

Añadió: "pretenden subrogar los protocolos acordados con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en temas tan sensibles convirtiéndose esta supuesta Misión independiente en un nuevo mecanismo de agresión que pretende esbozar y publicitar una serie de apreciaciones sesgadas y unilaterales sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país".

"Lamentamos que estas prácticas al margen de la racionalidad y la buena fé que rigen las relaciones internacionales entre los estados y los organismos multilaterales como las Naciones Unidas sirvan de instrumento para tratar de entorpecer y destruir los procesos de diálogos establecidos entre el gobierno nacional y la oposición para la solución pacífica y democrática de sus conflictos", expresó.

Al respecto, acotó: "es evidente que tales acciones son promovidas por los enemigos internos y externos de Venezuela quienes con doble moral pretenden cuestionar la aplicación y el desarrollo de los derechos humanos en nuestro país, escondiendo su grave crisis social y la erosión de estos derechos en sus propios territorios".

Agregó que el documento vulnera los pilares del multilateralismo como los son el diálogo genuino y la cooperación, a la vez que aseguró: "la elaboración del informe se llevó a cabo de manera unilateral y parcializada, evidenciándose como una franca manipulación y el uso indebido del sistema internacional de derechos humanos".

Estuvo de acuerdo en señalar, que mediante el informe de la Misión independiente se "neutraliza el trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elaborando un informe paralelo con la finalidad de aniquilar la verdadera imagen sobre las garantías a los derechos humanos impulsada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".

Durante las declaraciones, el magistrado acotó que el informe "carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida ya que no se realizó en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y se fundamentó en deposiciones de presuntas víctimas y testigos promovidos de manera anónima y unilateral incumpliéndose el principio elemental de la transparencia que debe caracterizar cualquier actuación del Comité de Derechos Humanos de la ONU".

Por otra parte, señaló que el informe "no vislumbra la verificación real de la situación jurídica de los presuntos agraviados, su labor no fue promovida por la mayoría de los conglomerados de los estados parte de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual hace cuestionable su fuente, careciendo de la legitimidad necesaria para sostener y promover este tipo de documentos".

Foto: Archivo

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