Prensa MPP-Despacho (Reina Ruiz Primera / 23.10.2020).- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este viernes que el pasado 20 de octubre, el Ministerio Público imputó por los delitos de homicidio calificado y tortura a los exefectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), por la muerte del capitán de corbeta, Rafael Ramón Acosta Arévalo, ocurrida el pasado 29 de junio de 2019, para sancionar de manera ejemplar el lamentable hecho.

En tal sentido, resaltó que en pro de la justicia y de la protección de los derechos humanos, reconocidos por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michell Bachelet, el Ministerio Publico, realizó la audiencia de imputación a los implicados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 406, numeral 1 del Código Penal y el artículo 17 de la Ley Especial para Prevenir y sancionar la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Recordó que esta última Ley es un legado de la Constitución Nacional Bolivariana del año 1999, y resaltó que como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, impulsó junto a un equipo multidisciplinario, elementos jurídicos en la materia para el nacimiento de diversas leyes enmarcadas en materia.

"En la cuarta República no estaba tipificado como delito la tortura, ni mucho menos una ley anti-tortura, ni hoy existe una normativa legal en la materia en otros países que hoy critican a Venezuela; entre ellos Colombia, Estados Unidos, Ecuador y, Chile, mientras que en Venezuela el derecho humanos al debido proceso y al juicio justo permite que las victimas pidan apelar a las decisiones", explicó.

Asimismo indicó que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 9 de octubre, anuló la actuación realizada por el Ministerio Púbico, en contra de los tenientes, Ascanio Antonio Tarascio Mejía, y Esteban José Zarate Soto, presuntos responsables de la muerte de Acosta Arévalo, quien se agravó durante su traslado a una audiencia de presentación en la sede de la Corte Marcial, ubicada en Fuerte Tiuna, en Caracas.

"Esta es una señal muy clara para todos los agentes del Estado venezolano, quienes en su mayoría no comparten este tipo de práctica. Si una individualidad consideró atentar en contra de la Constitución Nacional Bolivariana y de los derechos humanos será sancionado y perseguido de manera implacable y les caerá el peso de la ley", advirtió.

Detienen a narcotraficante en oriente del país

En otro orden de ideas, el fiscal Saab, anunció que en la férrea lucha contra el narcotráfico, el Ministerio Público, abrió tres líneas de investigación, por el caso de la detención del narcotraficante venezolano, Eustacio Cirilo Córdova, quien tenía una alerta roja de Interpol, desde el año 2008, por delitos cometidos en Francia y circulaba libremente por el territorio nacional, y de su cómplice y pareja, Carmen Rosa Gamboa.

Al respecto, indicó que la detención se concretó el pasado16 de octubre, en un procedimiento conjunto entre la Interpol y la Fiscalía General de la República, para acabar con las prácticas delictivas de esta mafia que operaba entre los estados Sucre, específicamente en las localidades de Guiria, San Juan de las Galdonas y en Anzoátegui.

Detalló que Cirilo Córdova, quien lidera el cartel del narcotráfico denominado Los Maureles, el cual enviaba sustancias ilegales hacia Europa, fue condenado en Francia por el delito del tráfico internacional de drogas, y él junto a su pareja, Gamboa, era extorsionados y protegidos al mismo tiempo por la policía del estado Anzoátegui.

Asimismo, informó que las personas fueron imputadas por los delitos de tráfico de armas, narcotráfico, legitimización de capitales y asociación para delinquir, y aseguró que siguen las investigaciones y que pronto darán a conocer los nombres de los funcionarios implicados.

Explicó que el 10 de octubre, Córdova y Gamboa fueron, "con su cara bien lavada" al Ministerio Público a denunciar la persecución y extorsión policial de Anzoátegui, por sumas que oscilan entre 10 mil y 100 mil dólares, al tiempo que mencionó durante un allanamiento realizado en la finca “La Inversión” de su propiedad, ubicada en la localidad de El Tigre, en la entidad oriental, fueron hallados dos fusiles de asalto, además de dos armas tipo fusil M16 calibre 5.56 milímetros, ocultas en el cilindro parcialmente enterrados.

"Al final la justicia llega y este es un caso emblemático de lo que teníamos que hacer. Le tendimos una trampa y lo ubicamos en Charallave, municipio Cristóbal Rojas, estado Miranda y el pasado 16 de octubre; lo detuvimos cuando se presume planeaba huir del país".

El fiscal Saab sentenció que por este hecho se solicitó orden de aprehensión al oficial de la Policía del estado Anzoátegui, Alexander José Ramírez Sánchez, por el delito de concusión, por la denuncia de Gamboa de ser extorsionada y de que montara un teatro sobre la supuesta retención ilegal de sus hijos y trabajadores a cambio de una alta suma de dinero.

Finalmente, indicó que el Ministerio Público está investigando un grupo de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana quienes le brindaban protección a la finca de los narcotraficantes.

Foto: Archivo DP