MPP- Despacho (Cindy Díaz/ 26.10.2020).- El Gobierno Bolivariano a través de la Cancillería de la República, denunció las violaciones flagrantes al Acuerdo de Viena referidas a las Relaciones Diplomáticas por parte del Reino de España , quienes no cesan en sus sistemáticas acciones injerencistas hacia el Estado Venezolano.

Desde el año 2017 el cuerpo diplomático español acreditado en el país, ha participado directamente en diversos planes de ataque a la democracia y la soberanía nacional liderados por políticos de la oposición nacional.

Actualmente se suma su complicidad en la fuga del delincuente Leopoldo López, "acción inaceptable e incomprensible en el marco de una relación bilateral histórica entre las dos naciones", expresa el texto.

A continuación comunicado íntegro:

"La República Bolivariana de Venezuela denuncia el incumplimiento flagrante de las disposiciones fundamentales de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por parte del Gobierno del Reino de España, expresada a través de incesantes acciones injerencistas en su relacionamiento con el Estado venezolano y sus instituciones. La inédita y continua violación del contrato internacional que rige las relaciones civilizadas entre los Estados, se remonta, al menos al año 2017 y ha sido protagonizada en territorio venezolano directamente por el Embajador español acreditado en Caracas.

Tras ser expulsado, el Embajador Jesús Silva el 25 de enero de 2018 como consecuencia de reiteradas intromisiones en asuntos internos, se acordó con las autoridades españolas su regreso en abril de ese mismo año, bajo un renovado compromiso de respeto a las leyes venezolanas e internacionales.

Muy por el contrario, la práctica diplomática sesgada del representante español se hizo aún más notable, al punto de cobijar bajo una figura inexistente y antijurídica, en la propia residencia de España, aun prófugo condenado por la justicia venezolana, responsable, entre otros delitos, de la muerte y lesiones de centenares de venezolanos en el año 2014.

A pesar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España se comprometió en diversas oportunidades a no permitir él accionar político del prófugo golpista, Leopoldo López, desde su residencia oficial, la realidad fue muy distinta. Sólo por hacer referencia a un solo hecho, desde el interior de la residencia diplomática española, bajo conocimiento del Embajador Silva, a principios de 2020 López planificó la operación mercenaria denominada Gedeón, acción terrorista con participación de mercenarios estadounidenses, cuyo objetivo era asesinar al Presidente Nicolás Maduro, así como a otros dirigentes venezolanos, con la intención de sembrar violencia y desestabilización en el país.

Como corolario de tan grotesca, descarada y grosera violación integral a la Convención de Viena, hoy es a todas luces verificable que el jefe de la misión diplomática española en Venezuela fungió como principal organizador y cómplice confeso de la anunciada fuga de territorio venezolano del delincuente Leopoldo López. Acción inaceptable e incomprensible en el marco de una relación bilateral histórica entre las dos naciones.

De esta manera, el Reino de España participa activamente en la fuga ilegal de un peligroso delincuente y decide recibirlo en su territorio, sin reparar en las leyes internacionales e incluso en las leyes migratorias españolas y en los acuerdos bilaterales en materia de justicia.

La República Bolivariana de Venezuela considera que la práctica antidiplomática y hostil del Estado español hacia Venezuela, en claro desapego a los principios más elementales del Derecho Internacional Público, dejará una mancha profunda e indeleble que será objeto de estudio en las instituciones dedicadas a la formación diplomática en el mundo, como una serie de acciones erráticas e ilegales, propias de una diplomacia impregnada de anacrónicas reminiscencias colonialistas.

Por último, vale la pena subrayar que las instituciones del Estado venezolano cumplirán con su obligación constitucional de realizarlas investigaciones necesarias y establecerlas responsabilidades y sanciones correspondientes a los delitos cometidos, en estricto apego a las leyes venezolanas e internacionales ya la garantía del debido proceso.

Caracas, 25 de octubre de 2020".