Prensa MPP- Despacho (C.D/ 27.05.2021).- El fiscal general de la República, Tareck William Saab, informó este jueves sobre las acciones tomadas por el Ministerio Público (MP) ante el silencio injustificado de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), ubicado en La Haya, Países Bajos, en el caso del examen preliminar que realiza sobre Venezuela, solicitado por el Grupo "Cartel" de Lima.

En este sentido, Saab aseguró que el debido proceso del examen preliminar en curso y el derecho a la defensa de Venezuela "ha sido vulnerado, en medio de un trabajo arduo y sincero, enmarcado en el estricto respeto del Derecho Internacional y a los Derechos Humanos, con el debido respeto a la persona humana que ha sido asistida por nuestra institución a partir del año 2017", indicó.

Durante la rueda de prensa, ofrecida desde la sede del MP en Caracas, puntualizó: "ya se conoce que el MP fue notificado el pasado 2 de octubre del año 2020, por la Fiscalía de la CPI, respecto a que avanzaba un examen preliminar promovido por el sesgo político del llamado Grupo de Lima, quienes en una acción jamás conocida en dicha fiscalía".

"Un grupo carterizado para ir en contra de la democracia venezolana, denunció con una maniobra de falsos positivos, que hemos ido desmantelando con informaciones falsas pretendieron presionar a la CPI para que tomara acción en contra de nuestro país sin que exista asidero legal para ello", agregó.

Seguidamente, recordó que el pasado 4 de noviembre de 2020 el MP, junto al Defensor del pueblo Alfredo Ruiz, asistió a la sede de La Haya y entregaron un documento, para dar a conocer información debidamente soportada. Y a lo largo del año 2021 se ha consignado seis documentos con el arduo trabajo del MP.

Aseveró que la única respuesta obtenida ha sido el silencio dela fiscalía del organismo internacional, por lo que el MP emitió un comunicado en el marco del examen de Venezuela, a fin de que se reconozca la cooperación brindada del Estado venezolano a la fiscalía y se brinden respuesta oportunas.

Asimismo, dio lectura al comunicado el cual expresa la petición de cooperación judicial de acuerdo a lo previsto en el artículo 93.10 del Estatuto de Roma, "hemos solicitado se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que a la fecha no se nos ha dado información detallada de cuáles son los hechos investigados", subrayó.

Enfatizó: "La cooperación internacional debe ser bilateral y recíproca para dar una respuesta a lo requerido desde la fiscalía y por ello solicitamos dicha información como elemento indispensable para hacer productiva la complementariedad", que hasta ahora quebranta la praxis de dicha institución "sometiendo a un trato desigual y excepcional a nuestro país".

Como segunda petición Venezuela, presentó una solicitud de control judicial en virtud del artículo 46.2 del Reglamento de la CPI, ante la sala de cuestiones preliminares de la institución, con el propósito que se pronuncie sobre la inseguridad que se evidencia en la fase del examen preliminar, además se corrija el trato desigual a Venezuela.

"La solicitud se fundamenta en un minucioso análisis de todos los casos que la CPI ha sometido a examen preliminar que demuestra la intención parcial que sufre nuestra República", acotó al tiempo que reclama amparo ante dicha sala para el trato reciproco como el que se ha dado a Colombia, nación vecina que lleva más de 17 años "bajo examen y han recibido 12 misiones de la CPI".

En comparación, Venezuela o ha recibido ni una visita, a pesar de sus disposición a recibir al equipo designado para tal misión, "pedimos que no sean motivaciones políticas las que guíen las investigaciones en este caso", indicó.

Del mismo modo, precisó que en el comunicado se insta a la sala de cuestiones preliminares a que se pronuncie en torno a tres temas esenciales: el primero de ellos, "Debe la fiscalía de la CPI contestar y mantener una interlocución, estableciendo un diálogo constructivo con el Estado en el marco del principio de complementariedad para dar cumplimiento al artículo 15del Estatuto de Roma, más cuando se le está solicitando de forma permanente".

En segundo lugar, afirmó: "debe permitirse el acceso al material probatorio al Estado para garantizar el derecho a la defensa. Principio de contradicción y el control de pruebas (artículo 21.3 del Estatuto de Roma)".

Mientras que, como tercer punto, cuestionó: "¿Puede la fiscalía de la CPI basar sus consideraciones sobre información sustraída ilegalmente y aceptar fuentes de información y denuncias que se acrediten bajo parciales, plagadas de mala fe, sin probatorio alguno?".

La máxima autoridad de la acción penal, añadió: "Consideramos que las respuestas deben ser positivas en los dos primeros casos y negativas en el último".

Por último, reiteró que "La fiscalía de la CPI debe informa plenamente su posición con relación a la información suministrada por nuestro país, y establecer una hoja de trabajo conjunto para sacar el máximo partido a la voluntad de colaboración del Estado venezolano".

Foto: MP