Prensa MPP-Despacho (Ingrid Carvajal Arroyo/ 21.07.21).- Relatores Especiales y Grupos de Trabajo de Procedimientos Especiales de Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, destacan, en un comunicado de prensa publicado este miércoles, que “cientos de pacientes venezolanos con cáncer podrían morir porque se han visto atrapados en la aplicación excesivamente estricta de las sanciones estadounidenses dirigidas a Venezuela y a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

"La vida de los pacientes venezolanos trasplantados que se encuentran varados en países extranjeros, así como los que esperan viajar al extranjero para operaciones para salvar vidas, están amenazados", indica la investigación que lidera la Relatora Especial de la ONU sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas en el disfrute de los derechos humanos, Alena Dohuan y conforman: el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer; el experto independiente en derechos humanos y solidaridad internacional, Obiora Okafor; el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Livingstone Sewanyana; el Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi y la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Tlaleng Mofokeng.

Según los expertos en derechos humanos el tema "ha sido puesto en conocimiento del Gobierno de los Estados Unidos de América, otros países y entidades". Además, han pedido a estos países y entidades "mitigar las consecuencias inesperadas de las sanciones y reinstaurar el tratamiento para las personas cuyas vidas ahora corren peligro. Deben asumir la plena responsabilidad por el efecto que sus acciones tienen sobre los derechos fundamentales a la vida y la salud de todas las personas en todo el mundo".

El canciller de la República, Jorge Arreaza, en su usuario de la red social Twitter, @jaarreaza, difundió la información y escribió: "¡Atención! 6 Relatores y Expertos de Naciones Unidas publican Comunicado de Prensa denunciando a EEUU por afectar directamente los derechos fundamentales de los venezolanos, mediante sanciones ilegales que impiden tratamientos de pacientes con cáncer".

Los expertos señalan: "Los terceros países, grupos de países, bancos y empresas privadas han sido demasiado cautelosos en sus tratos con Venezuela porque temen violar involuntariamente las sanciones de Estados Unidos", y agregan: "Como consecuencia, el dinero no se puede transferir fuera de Venezuela y algunos pacientes han quedando varados, desamparados, en países a los que fueron a recibir tratamiento".

Asimismo, explica que el programa dirigido por la Fundación Simón Bolívar, "el brazo caritativo de Citgo Petroleum Corporation, con sede en estados Unidos, que ayudó a los pacientes con cáncer, incluidos muchos niños, a viajar al extranjero para recibir trasplantes y otros tratamientos que salvan vidas. Cientos de estos pacientes solían estar vinculados a un programa nacional de trasplantes con el gobierno de Venezuela, pero su tratamiento se suspendió cuando Estados Unidos rechazó el control de Citgo Petroleum Corporation al gobierno venezolano".

En ese contexto, destaca: "Apuntar a PDVSA como una forma de controlar la agenda política de Venezuela ha tenido consecuencias devastadoras para cientos de personas en tratamiento por rechazo de trasplantes, tanto en Venezuela como en el exterior".

De acuerdo al comunicado, los expertos alertan: "también se ha informado a las personas en una lista de espera estatal para trasplantes que sus tratamientos no continuarán".

Indican que hay unos 190 pacientes con cáncer en la lista de espera para recibir tratamiento en el extranjero, y unos 14 niños, incluidos tres niños pequeños, murieron entre 2017 y 2020 esperando recibir tratamiento en el marco del programa.

"Estos casos ilustran la necesidad de una protección total de los derechos humanos fundamentales”, dijeron los expertos. "Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todas las personas afectadas por la acción internacional directa, incluso aquellas fuera de su jurisdicción o control efectivo, no importa cuál fue su intención original", puntualiza.

Al concluir, destaca: "Si bien el derecho a la salud y el derecho a la vida son fundamentales para todas las personas en todo el mundo, hacemos un llamado a todos los Estados, bancos y empresas privadas para que asuman plena responsabilidad por los efectos de sus acciones en las personas y retiren las sanciones, riesgo cero y políticas de exceso de cumplimiento que afectan los derechos humanos fundamentales".