Prensa MPP- Despacho (E.M /04.11.21).- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseveró este jueves que el documento histórico suscrito este 03 de noviembre por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim AA Khan QC, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, abre las puertas a la complementariedad positiva.

"Venezuela ha apoyado desde su creación el mandato dado por los estados partes a la Corte Penal Internacional y ha sido un país ganado para la cooperación internacional en defensa de los derechos humanos. Venezuela ha apoyado desde su creación el mandato dado por los estados partes a la CPI y ha sido un país ganado para la cooperación internacional en defensa de los derechos humanos", expresó durante una rueda de prensa.

Saab explicó al fiscal de la CPI la estructura y el funcionamiento del Ministerio Público (MP). "Le informamos sobre nuestra actividad en la presidencia de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública desde junio de 2018", sostuvo.

En ese contexto, informó que la máxima autoridad de la CPI informó al Estado venezolano que había concluido el examen preliminar de la situación en "Venezuela I", y que se procedía a abrir una investigación para establecer la verdad.

"A pesar de que en esta fase no se ha identificado a ningún sospechoso al que se puedan formular cargos , por lo que el Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación", afirmó.

Recordó que se le ha entregado a la Fiscalía de la CPI 8 informes que compilan más de 3 mil páginas de información sobre las causas adelantadas por fiscales venezolanos, a los fines de individualizar y procesar a responsables de violaciones a Derechos Humanos.

"Sin embargo, desde noviembre de 2020, sólo recibimos acuses de recibo sin el intercambio de información necesario para cumplir con el principio de complementariedad, tampoco recibimos ninguna respuesta significativa de parte de la Fiscalía de la CPI para iniciar un diálogo sobre los casos revisados. Incluso la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, en una decisión de junio, le dijo a la Fiscalía que debía iniciar un diálogo sustantivo con el estado venezolano", precisó.

Destacó que a pesar de estas diferencias con la Fiscalía de la CPI, este acuerdo histórico apunta a acabar con el silencio de la Fiscalía y abre las puertas a una complementariedad positiva entre el estado venezolano y esta instancia jurídica internacional.

"Cuando hablamos de complementariedad positiva, nos referimos a que la Fiscalía de la Corte deberá cooperar activamente acompañando al Estado en todo lo que requiera para investigar y sancionar. La investigación se va a hacer en Venezuela por las instituciones venezolanas en el marco de esa complementariedad positiva. Hay gente, que jamás leyó el Estatuto de Roma, arrojando conclusiones apresuradas propias de una campaña mediática", subrayó.

Denuncias ante la CPI

El fiscal general de la República venezolana, señaló que se tiene conocimiento de que muchas las denuncias que llegaron hasta la CPI no cumplen con formalidades. "Por ejemplo al no ser denunciadas en territorio nacional sino en medios de comunicación y redes sociales", acotó.

Informó que el MP se ha reunido con algunas "víctimas" y sus familiares, por lo que se creó el Servicio de Abordaje a las Víctimas.

"Como se puede ver, este memorando contempla que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reconocerá los esfuerzos, reformas e investigaciones que se realicen en la República Bolivariana de Venezuela. La Corte es complementaria a las jurisdicciones nacionales y, en el caso venezolano, no tenemos dudas de que se han realizado las investigaciones debidas de manera imparcial, objetiva e independiente en la búsqueda de la justicia", sentenció.

Por otra parte, recordó que durante las protestas violentas de 2017 hubo 155 personas fallecidas, según las investigaciones de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.

"De éstas, 65 casos son atribuibles a la acción de manifestantes (42%), 43 casos atribuibles a funcionarios (28%), 29 atribuibles a la acción de civiles (19%) y 2 casos consecuencia de problemas de salud preexistentes (1%). Hay 16 casos por determinar (10%)", detalló.

Finalmente, Saab destacó que Venezuela ha informado a la Fiscalía de la CPI sobre 780 causas que están bajo investigación por presuntas violaciones a derechos humanos, tanto en las protestas violentas de 2017 como en hechos.

"Desde nuestra llegada al Ministerio Público han sido imputados 770 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles señalados como presuntos responsables de vulneraciones a derechos humanos. Asimismo, fueron Privados de libertad un total de 555 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares. Han sido acusados 1.061 funcionarios y 150 civiles; y han sido condenados un total de 188 funcionarios de seguridad del Estado", concluyó.

Fotos: Heidy Vielma