Prensa MPP- Despacho (Ingrid Carvajal Arroyo/ 23.01.2022).- Un representación de parlamentarios, del Bloque de la Patria, de la Asamblea Nacional, asistió este domingo a la sede del Ministerio Público, en Caracas, donde entregó al fiscal General de la República, Tarek William Saab, un documento en el que exigen celeridad en la imposición de justicia contra Juan Guaidó y sus cómplices, por robo a la nación, traición a la patria y crímenes de lesa humanidad.

La Brigada 256 se activó, y en su nombre la diputada Tania Díaz, declaró que en cumplimiento de lo establecido en la Constitución como portavoces y contralores de la gestión del Estado y portavoces de la demanda popular, se trasladaron a la sede de la Fiscalía General de la República para "exigir celeridad, eficiencia y eficacia en la aplicación de la justicia en contra de Juan Guaidó y la banda parlamentaria, que se ha dedicado a violar la Constitución, atentar contra los bienes de la República, a promover el saqueo, las sanciones, el bloqueo económico que tanto daño le ha hecho al pueblo venezolano".

En compañía de los diputados Pedro Carreño, Francisco Torrealba, Blanca Eekouth, Vanesa Montero, Pedro Infante, entre otros, Tania Díaz, reconoció al pueblo de Venezuela "por la resistencia, valentía y firmeza que asumió en la defensa de la soberanía nacional y del futuro de nuestros hijos e hijas".

Al manifestar confianza en que los organismos judiciales se "van a activar para acelerar y hacer más eficiente el cumplimiento de la justicia", leyó el documento petitorio de cinco páginas e igual número de puntos, en los cuales señala: "1. Celeridad en la imposición de justicia por daños causados a la patria por parte del apátrida Juan Guaidó y sus cómplices. 2. Poner fin a la impunidad de estos hechos y garantizar la existencia de una Justicia expedita, concedida sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, la tutela efectiva de los derechos e interés del pueblo y la celeridad procesal".

En el tercer punto, sobre la base de lo previsto en los artículos 13 y 23 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, "ejercer las acciones que, con inmediatez prontitud y urgencia, hagan del proceso penal seguido al ciudadano Juan Guaidó, un instrumento inmediato y efectivo que permita establecer la verdad de los hechos por vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho para las más de 24 causas delictivas que mantiene abierta".

Además, solicita "asegurar al pueblo venezolano y los ciudadanos y ciudadanas que directa o indirectamente han sido víctimas de los serios perjuicios causados por cada uno de los hechos punibles perpetrados por el ciudadano Juan Guaidó, la aplicación de las sanciones corporales y pecuniarias que resulten correspondientes".

Por último, en el quinto punto, exigen "lograr la reparación patrimonial de los daños económicos y materiales causados a la Nación y a los particulares por el ciudadano Juan Guaidó, incluyendo el uso de los convenios y acuerdos internacionales de cooperación para la lucha contra la corrupción, a través de los cuales se consiga repatriar los recursos y activos que permanecen en cuentas bancarias y bienes adquiridos directamente por el indicado ciudadano o por interpósita persona que sirven de cómplice para la legitimación de capitales".

Ya no hay más excusas

Asimismo, el diputado Hugbel Roa, vicepresidente de la Comisión Especial que investiga los crímenes cometidos por la Asamblea Nacional en el periodo 2015-2022, consideró que "ya no hay más excusas" ante las más de mil acciones delictivas, documentadas desde la Comisión a su cargo, "y asimismo, pérdidas cuantificadas alrededor de 130 mil millones de dólares producto de la aplicación del bloqueo y sanciones que hoy vive el país".

"Más de 60 mil personas han muerto como producto de todo este diseño y arquitectura de una banda delictiva, liderada y que tuvo como base de operaciones, durante el periodo 2015-2021, al parlamento venezolano", expresó tras la reunión con el fiscal general, Tarek William Saab.

Expresó que la organización de la banda delictiva involucra directamente el Estado Nación, "como lo fue la acción del respaldo recibido por parte de Estados Unidos y 50 naciones, lo que se reduce al gobierno del imperio y 14 países que siguen respaldando una serie de individuos que en este momento no son parlamentarios y no tienen ningún prerrogativa importante".

La exigencia concreta es la aplicación de la justicia por la pérdida de vidas, bien sea por la falta de insumos médicos, de la gasolina para el traslado de enfermos de gravedad, entre otros.

"El pueblo venezolano tiene que recibir justicia, y la aplicación de las leyes, para que de una vez por todas, más nadie atente contra este suelo sagrado", señaló.

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