Prensa MPP- Despacho (Cindy Díaz/ 11.05.2022).- Este martes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la presentación del proyecto de Ley para Prevenir, Sancionar y Atender el Acoso Escolar hacia niños, niñas y adolescentes en el país, la cual se encuentra en la Asamblea Nacional en espere de aprobación.

Durante la rueda de prensa ofrecida desde la sede del Ministerio Público en Caracas, precisó: "Hemos comenzado a judicializar aquellos casos que hemos conocido en redes sociales y los que han sido denunciados en despachos fiscales, donde se producen daños físicos y emocionales a niños y adolescentes, así como a personas con condiciones especiales, entre ellas el Síndrome de Down".

En ese sentido, ordenó a todos los fiscales superiores atender, de manera oportuna, los casos de acoso escolar que ocurren en cada región del país, ya que es un tema que toca a la familia "nos preocupa como padre de familia, como ciudadano y como autoridad del Estado", acotó.

En tanto, puntualizó los avances en las investigaciones de los tres casos de acoso escolar ya judicializados, ocurridos recientemente.

"Las acciones que estamos tomando tienen como objetivo visibilizar este grave problema y dar aportes para comenzar a construir una política de Estado contra el acoso escolar y la violencia ejercida entre adolescentes", detalló.

Explicó que está en desarrollo un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar, bajo la conducción de la Dirección de Protección Integral a la Familia, en un trabajo conjunto con las Fiscalías Superiores de todos los estados del país, por el lapso que se considere necesario, a fin de "visibilizar este grave problema y dar aportes para comenzar a construir una política de Estado contra el acoso escolar y la violencia ejercida entre adolescentes".

"Los estudiantes víctimas de este flagelo tienen el doble de probabilidades de faltar a las clases y también el doble de probabilidades de tener pensamientos suicidas", añadió.

Juicio a dos controladores aéreos

Al referirse a este caso la máxima autoridad de la acción penal, detalló que los ciudadanos Guillermo González y Derbys Rodríguez, controladores aéreos del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), se encuentran en juicio por revelar información confidencial del Estado.

Detalló que el día 20 de mayo de 2020, el coordinador del Área de Trabajo de Tránsito Aéreo del INAC presentó una denuncia ante la Dirección General de Contrainteligencia Militar contra González, por haber publicado información de carácter estrictamente reservado; aprovechándose de su cargo de controlador de tránsito. Por tal motivo resultó aprehendido el 21 de mayo de 2020.

Durante la investigación puesta en marcha por el Ministerio Público se comprobó que González, durante el mes de abril de 2020, realizó publicaciones en su cuenta pública de Twitter con información confidencial que ponía en riesgo la seguridad de la nación.

Sumado a la publicación reveló fotografías y videos de aeronaves civiles y militares, las cuales cumplían misiones de Estado sobre sus recorridos debido a su trabajo en la Torre de Control de Tránsito Aéreo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía

En aras de garantizar la legalidad en el país, precisó que de acuerdo con la Ley de Aeronáutica Civil, el INAC, como máxima autoridad aeronáutica de la República, es un ente de seguridad de Estado, especificó que el cargo de controlador de tránsito aéreo es de confianza y su actividad se considera de seguridad de Estado.

"Además, el Régimen Especial del personal establece una prohibición expresa de suministrar información a medios de comunicación relacionados con el funcionamiento del instituto sin previa autorización del Presidente del INAC", informó Saab.

Las investigaciones realizadas arrojaron que en el año 2020 el director de los Servicios de Navegación Aérea del INAC interpuso una denuncia contra Derbys Rodríguez por su presunta vinculación con González en estas acciones ilegales.

En consonancia, a González se le acusó de los delitos de revelación de información confidencial, terrorismo y asociación; mientras que a Rodríguez se le juzga por los delitos de revelación de información confidencial y asociación.

Ambos ciudadanos cuentan con derecho pleno a la defensa y será el juzgado quien decidirá si sus acciones corresponden a delitos que previamente el Ministerio Público ha imputado

"Cuando alguien asume una profesión y se debe a una institución que forma parte de un ente tan sensible como el de la aeronáutica civil, donde su deber es resguardar para el bien de la nación secretos o actividades confidenciales, violentarlas implicaría agredir toda ética profesional y también las propias leyes de la República", concluyó Saab.

Fuente/ Foto: Ministerio Público