Prensa MPP- Despacho (Cindy Díaz/ 09.06.2022).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó este jueves que el Poder Legislativo garantizará las sanciones a cualquier funcionario público o diputado que cometa algún delito.

Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, el parlamento aprobó por unanimidad la responsabilidad política del alcalde del municipio Zamora del estado Miranda, Raziel Rodríguez, por el desalojo ilegal de 11 familias campesinas en Villa Zamora I, en marzo pasado.

Seguidamente, Rodríguez señaló que se aplicará responsabilidad política a la fiscal 4° del Ministerio Público (MP), Norka Martínez; a la juez Tercera de Primera Instancia Estadal, Municipal y Penal en funciones de Control número 3 del Circuito Judicial Penal de Miranda, Jusbelys Caguaripano; la directora de la policía municipal, Neile Martínez y los funcionarios policiales José Romero Parica, Raúl Romero y Belkis Ramírez.

A la par de los directores de ingeniería y vivienda de la alcaldía, Carlos Carratú y Ebando Rodríguez, respectivamente; así como a los representantes de la empresa Guatire Textil C.A., especialmente, a Omar Sánchez, quien perpetró el hecho con la anuencia de los servicios públicos.

Agregó que en las próximas horas remitirán el oficio al Poder Moral, a fin de establecer las responsabilidades administrativas, civiles y penales de todos los implicados.

A su vez, precisó que la investigación probó actos de fascismo por parte del Alcalde en pleno desconocimiento la Carta Agraria otorgada a 11 familias del terreno, quienes fueron secuestradas y encarceladas, allanadas y destruidas sus viviendas y áreas de siembras.

En consonancia, el diputado Ricardo Molina, presidente de la Comisión Especial para investigar actos fascistas en el país, detalló que los delitos cometidos por personas interpuestas, además de la fiscal y la jueza, y los responsables de la empresa Guatire Textil S.A., son los siguientes:

Simulación de hecho punible para hacer pasar por invasores a familias campesinas, bajo amenazas directas; Aprehensión ilícita por delito inexistente; Privación ilegítima de libertad, con engaños y amenazas; Violencia, maltrato físico y mental a adultos mayores; Detención sin orden escrita legal de autoridad competente; Incautación de celulares y documentos de Carta Agraria; Atropello y vejámenes a mujeres, adultos mayores, niños y niñas; Violación de domicilios con actuación ilegal de policías municipales; Entrada forzosa y destrucción, robo y apropiación de muebles, materiales y propiedades personales; Eliminación de acceso y destrucción de sistemas de agua y electricidad; Destrucción ambiental, de árboles, degradación de suelos y ríos y modificación de topografía; Maltratos y muertes de animales domésticos y agavillamiento.

"Estos 13 delitos, al menos, todo esto de acuerdo entre la empresa Guatire Textil S.A. y el Alcalde, usando instancias del Estado para violentar los derechos de familias", enfatizó.

En este contexto, Molina reiteró: "Actuamos constitucionalmente, las informaciones las consignaremos a la secretaría, actas, grabaciones, declaraciones de cada uno de quienes tuvieron participación, tanto de los agredidos como de los agresores", al tiempo que explicó que la Comisión Parlamentaria actuó en este caso como atribución constitucional de la AN, especialmente, en atención a los Artículos 187 numeral 3, 122, 223 y 224 de la Constitución Bolivariana, que determina que los resultados de investigación tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establece.

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Fuente: UN