Prensa MPP- Despacho (Cindy Díaz/ 01.09.2022).- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este jueves la designación de dos fiscales 50° y 67° con competencia nacional junto a sus respectivos fiscales auxiliares, con el propósito de iniciar la investigación pertinente respecto a la denuncia realizada por el ministro del Poder Popular para Petróleo, Tarek El Aissami, sobre el mega robo realizado por el exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, contra la principal industria del país, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En la rueda de prensa ofrecida desde la sede del Ministerio Público (MP) en Caracas, Saab precisó: "Ese mismo 30 de agosto se solicitó orden de aprehensión en contra de Rafael Ramírez Carreño, Juan Andrés Wallis Brandt, Víctor Aular Blanco (ya detenido), Luis Oberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi, Nervis Villalobos Cárdenas, Abraham Ortega Morales y Leopoldo Alejandro Betancourt López".

Seguidamente, indicó la solicitud de 9 órdenes de allanamiento a las propiedades de los implicados, a la par de las medidas de Prohibición de Enajenar y Gravar, de Bloqueo e Inmovilización de Cuentas y demás Instrumentos Financieros y la Incautación de Bienes.

Asimismo, ya se desarrollaron 5 allanamientos a inmuebles de los vinculados al megafraude en alianza con la Sociedad Mercantil Administradora Atlantic 17107, C.A. cedió el cobro de esta línea de crédito a las empresas Welka Holdings Limited y Violet Advisors, S.A, refirió el Fiscal Saab.

"Ese mismo día fue detenido Víctor Aular", quien fue interrogado los días martes y miércoles por el Fiscal General, en presencia de los fiscales competentes y el ex funcionario narró que "Rafael Ramírez lo citó a su despacho en marzo de 2012 y le dio la instrucción de firmar el financiamiento. Lo acompañaba Nervis Villalobos", detalló.

En ese sentido, Aular confirmó la total responsabilidad de Rafael Ramírez como autor intelectual y material del fraude al patrimonio de la nación, ya que le ordenó firmar el documento del supuesto crédito desdeñando la alerta, sobre la acción ilegal que viola la Constitución y las leyes venezolanas.

"Aular explica que esta operación, aunque en términos financieros y contables se podía justificar, era una operación ilegal, ya que PDVSA debía solicitar los bolívares que necesitara al Banco Central de Venezuela. El interrogado dijo que Ramírez lo llevó a actuar de manera ilegal", añadió.

Del mismo modo, señaló que Ramírez durante su ejercicio en el cargo de embajador de la ONU, solicitó al ex vicepresidente de finanzas de Pdvsa viajar a Nueva york para estudiar y preparar las carpetas para la defensa de Ramírez en la trama de corrupción develada.

En consonancia, el implicado Aular fue presentado recientemente por el Ministerio Público ante el Tribunal 4° de Primera Instancia en Función de Control en Delitos Asociados al Terrorismo que imputó los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, malversación simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Tramas vinculadas a Ramírez

En este contexto, la autoridad de la acción penal en Venezuela, explicó que el ex exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, está implicado en nueve tramas de corrupción investigadas por el MP, entre ellas la más reciente entre 2012 y 2013 por 4.850 millones de dólares.

A su vez, recordó que el expresidente de Pdvsa ha sido investigado por la compra del buque chatarra Petro Saudí Saturn para la explotación de gas costa afuera, se comprobó que la mayor parte del tiempo estuvo inactivo.

Sumado a la malversación de fondos de Pdvsa por la contratación de bienes y servicios por 556 millones de dólares en los años 2010 y 2015. Además de la averiguación en 2018 por la detección de irregularidades en el fondo de pensiones y jubilaciones de la estatal petrolera y el lavado de dinero en Andorra.

Igualmente, enfatizó la trama relacionada a la empresa española Ingelec "habría pagado 2,7 millones de euros en comisiones a la estructura criminal liderada por Rafael Ramírez".

Por último, reiteró otro de los delitos de Ramírez relacionado a la operación de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena para la manipulación para el cálculo del precio del crudo venezolano, dejando como consecuencia la pérdida por 5.000 millones de dólares entre 2009 y 2017 al Estado venezolano.

Foto: Heidi Vielma
Fuente: Ministerio Público