Prensa MPP- Despacho (Eleonor Sánchez/ 12.08.2024).- El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informó a la comunidad internacional mediante un comunicado oficial, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) culminó el pasado 10 de agosto las audiencias orales de los representantes de los partidos políticos y excandidatos de los comicios presidenciales del 28 de julio.

A través de un post en sus redes sociales, Yván Gil canciller de la República indicó que el Consejo Nacional Electoral (CNE), en atención a la citación que se le hiciera, compareció con todos sus rectores principales ante el TSJ. Asimismo, señaló que se presentaron las 38 organizaciones políticas postulantes, de las cuales 33 consignaron el material electoral requerido.

También, destaca el comunicado que el excandidato opositor Edmundo González Urrutia no acudió ante el ente judicial, "por tanto no cumplió con la orden de citación y desacató el mandato de la más alta instancia de la Jurisdicción Contencioso Electoral" del país y "en consecuencia, no cumplió con la consignación de las actas de escrutinios, el listado de testigos ni material electoral alguno".

Además, el comunicado resalta que el TSJ aclaró que los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que postularon a González Urrutia, no consignaron ningún material electoral, agrega que, "manifestaron que no tienen actas de escrutinio de los testigos de las mesas, ni listados de testigos, aduciendo además que no participaron en el proceso de traslado y resguardo de material alguno".

El máximo tribunal también detalló que ahora los magistrados de la Sala Electoral "se abocan al peritaje de todo el material electoral de valor probatorio consignado, así como al peritaje sobre el ataque cibernético masivo del sistema electoral venezolano, para lo cual contará con un personal altamente calificado e idóneo que hará uso de los más altos estándares técnicos".

El máximo tribunal del país garantiza que serán resueltos "soberanamente los conflictos que competen de manera exclusiva al Estado venezolano" y una vez culminado el proceso, emitirá oportunamente "la sentencia definitiva con carácter de cosa juzgada, porque sus decisiones son inapelables y de obligatorio acatamiento".

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