Prensa MPP-Despacho (Reina Ruiz Primera/ 09.10.2020).- El Ministerio Público este viernes, informó que en las próximas horas, conocerá nuevamente el expediente sobre el lamentable y trágico fallecimiento del capitán, Acosta Arévalo, para precalificar sobre los hechos que conmocionaron, en su momento, a la opinión pública y representaron una violación expresa de los derechos humanos en el país.

Asimismo, durante las declaraciones a los medios de comunicación, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, saludó la decisión de la Sala Penal de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respecto al caso que se enmarca en la lucha que adelanta el Gobierno Bolivariano en materia de derechos humanos en el país y aseguró que esta acción demuestra que existe un Estado de Derecho.

"Apela la defensa, sube al órgano correspondiente, a la Sala Penal del TSJ, la cual tomó la decisión y en función de ello y notificado del caso, el Ministerio Publico actuará como corresponde para castigar estos hechos, conforme a lo establecido en el Título 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", sentenció.

En otro orden de ideas, el fiscal general, Tarek William Saab, agregó que en el marco de la lucha por los derechos humanos y el combate permanente a quienes violan las normas, recientemente fueron capturados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en el estado Sucre, de manera flagrante, 2 funcionarios de los cuerpos de seguridad FAES de la PNB y 6 del CICPC por cometer el delito de secuestro a un ciudadano, el día 2 de octubre.

Detalló el Fiscal General que los funcionarios policiales, integrantes de la banda delictiva, debidamente uniformados y con carnet que los identificaba como miembros de la FAES, cuando 6 funcionarios eran del CICPC, fueron detenidos y se recuperó a un ciudadano que era trasladado esposado y encapuchado en un vehículo, y se les incautaron 6 armas de fuego, 59 cartuchos, 6 cargadores de pistola, 6 chalecos protectores, 4 teléfonos y 02 vehículos.

Entre los detenidos destacan los detectives del eje de Homicidio de Carúpano del CICPC: Álvaro José Pérez, Eduardo Enrique Azocar Lobaton, Pedro Enrique González, y Dimas José González; y los efectivos de la FAES del Distrito Capital: José Rafael Gil, y Aaron Darío Rodríguez.

Entre otros funcionarios detenidos se encuentran el técnico forense adscrito al servicio de Medicatura Forense del CICPC, Juan Carlos González, y el particular, Luis Fernando Pérez López.

Además, explicó que a todos los implicados les fueron imputados ante el tribunal quinto de control del estado Sucre, los delitos de secuestro breve agravado, asociación, lesiones personales menos graves, uso inadecuado de armas orgánicas, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, Saab resaltó el compromiso del Ministerio Publico, en nombre del Estado venezolano, de ser implacable con delincuencia uniformada. "No conforme con secuestrar a un inocente, lo lesionaron y simularon ante una autoridad jerárquica superior, un procedimiento policial. Si la GNB no se hubiese realizado la detención en este momento la historia hubiese tenido otro desenlace".

"Estos funcionarios usaron las armas que le dio la República Bolivariana de Venezuela, para proteger al pueblo, para delinquir en contra de los ciudadanos por lo cual se merecen todo el peso de la Ley", refirió.

De igual modo, indicó que a diferencia de un país como Estado Unidos, donde hoy salen en libertad los asesinos un estadounidense afrodescendientes, tras pagar una fianza de un millón de dólares, o de un país como Colombia, donde se masacran a los activistas de derechos humanos, a desmovilizados que firmaron el acuerdo de paz, como en la época de la unión patriótica, o a cuatro candidatos presidenciales; en Venezuela los derechos humanos están garantizados.

"¿Quién le dio a los asesinos de Floyd un millón de dólares para que pagaran esa fianza y poder salir en libertad? Esto es algo realmente reprochable", se preguntó Saab.

Derechos humanos garantizados

Por otro lado, Saab, como parte del balance de los tres años de su gestión precisó que a la fecha se han imputados a 603 funcionarios de seguridad del Estado señalados como responsables de vulneración a los derechos humanos, y a 35 civiles implicados como colaboradores, para un total 638 imputados por diversos delitos, entre ellos: violaciones de domicilio, homicidio, tortura, trato cruel, degradante e inhumano, y privación ilegítima de libertad.

Acotó, que han sido aprehendidos 452 efectivos de diversos organismos y 24 particulares, para un total de 466 privados de libertad, acusados por la misma trama. "Han sido 811 funcionarios y 129 civiles colaboradores, para un total de 940 acusados, casi 1000 personas, a través de la presentación de las respectivas 382 acusaciones interpuestas por los fiscales especializados en la materia; de los cuales se han logrado 140 sentencias condenatorias".

Foto: Gustavo Salazar